Los magistrados de la Sala Constitucional, rechazaron de forma unánime las consultas presentadas contra varios proyectos de financiamiento promovidos por el Gobierno.
La Sala III acogió analizó un recurso y concluyó que toda movilización de madera requiere documentación que permita verificar su procedencia; según los magistrados, aceptar traslados sin documentos abriría vacíos legales que afectarían el control y protección de recursos forestales.
