El Sistema Nacional de Radio y Televisión, Sinart, fue investigado por una comisión legislativa, en relación con la asignación de los fondos, destinados a la pauta publicitaria estatal.
Además de actualizar la legislación, aumentar el presupuesto a los organismos de seguridad, el país requiere más funcionarios y oficiales para enfrentar el crimen organizado.
Costa Rica exhibe cifras macroeconómicas envidiables, pero la continua baja del dólar, es un factor que afecta el delicado ecosistema económico del país.
Desde que Gisela Sánchez, asumió la presidencia del BCIE, planteó una nueva estrategia para esa organización, basada en tres dimensiones: económica, social y ambiental.
Para enfrentar la ola de criminalidad, que el año pasado aumentó en un 40% los homicidios, Costa Rica requiere actualizar la legislación penal, para combatir la narcodelincuencia.
La ley que obliga a los gobiernos locales a establecer un plan regulador cantonal, tiene 40 años de vigencia; en ese lapso, la mitad de las comunidades nunca pudo aprobar uno; el resto lo hizo en el siglo pasado.
El diputado Carlos Robles, del PUSC, y varias organizaciones en Esparza, propusieron a la Asamblea Legislativa ordenar, asegurar y proteger a la comunidad de Tivives, mediante la aprobación de una ley que desafecte esa Zona Protectora.
El diputado Alejandro Pacheco, jefe de la bancada socialcristiana considera que la Asamblea Legislativa construyó puentes con el poder ejecutivo para lograr consensos, en torno a los temas que más preocupan a los costarricenses y son urgentes de atender y resolver.
La seguridad ciudadana, luchar contra el crimen organizado, generar trabajo, contener el alto costo de la vida, reactivar la economía, reformar el estado y problemas de orden social, educativo y de salud son parte de los retos del gobierno, en su segundo año de gestión.
Durante la gira del Bicentenario de la Anexión, se entregaron proyectos y se anunciaron inversiones por ₡1.372 millones, dijo el presidente del Instituto de Desarrollo Rural, Osvaldo Artavia.
