Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
La Defensoría de los Habitantes abrió una intervención tras recibir denuncias de supuestos malos tratos contra Gilbert Bell y Gabriel Lozano durante su permanencia en La Reforma.
El fiscal general, Carlo Díaz, entregó videos con declaraciones de ambos extraditados, quienes relataron aparentes agresiones sufridas mientras permanecían bajo custodia penitenciaria antes de ser enviados a Estados Unidos.
La Defensoría informó que analizará la documentación y valorará una inspección al centro penal para revisar las condiciones materiales de detención, los protocolos de custodia y la actuación del personal de la Policía Penitenciaria.
Costa Rica mantiene una prohibición absoluta contra la tortura por legislación nacional y compromisos internacionales; por ello, cualquier denuncia de este tipo debe investigarse y determinar si existieron responsabilidades individuales o institucionales.
El abogado penalista Gerardo Huertas señaló que los funcionarios judiciales que reciben información sobre posibles tratos indignos deben comunicarla a las instancias correspondientes para que pueda investigarse.
Por su parte, Rafael Rodríguez recordó que el artículo 381 bis del Código Penal establece penas de tres a 15 años de prisión por tortura y también contempla responsabilidad para funcionarios que ordenen, permitan o no impidan estos actos.
Como Bell y Lozano ya fueron extraditados, sus declaraciones previas podrían contrastarse con dictámenes médicos, bitácoras penitenciarias y grabaciones de seguridad para determinar qué ocurrió dentro del centro penal.
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