A pesar de que el Frente Amplio apoya la puesta en marcha de un sistema de transporte público, moderno, eficiente y amigable con el ambiente para reducir las presas en la GAM, esto no significa que el partido le dé un cheque en blanco al gobierno de Rodrigo Chaves.
A finales de este año, la Sala Constitucional podría llegar a 30 mil casos atendidos, lo cual sería una marca nacional en este tipo de peticiones, planteadas por los ciudadanos ante la Sala IV, en defensa de sus derechos constitucionales.
En un debate reglado -a raíz de la decisión presidencial de sacar del Congreso todos los proyectos de seguridad convocados por el Ejecutivo- los diputados reaccionaron molestos, y acusaron a Rodrigo Chaves de evadir su responsabilidad como Mandatario.
Varios diputados de oposición criticaron el anuncio realizado por el presidente Chaves, en Guácimo, sobre la desconvocatoria de toda la agenda relacionada a las propuestas de seguridad para frenar el narco y el crimen organizado.
Durante una visita a la Academia Nacional de Policía en Guápiles, Limón, el presidente Rodrigo Chaves renunció a sus planes de seguridad y delegó en los diputados la tramitación de nuevas leyes y la responsabilidad sobre la crisis en seguridad.
Al filo de que el Congreso comenzara la discusión de varios expedientes, relacionados con leyes para combatir el crimen organizado, el gobierno retiró tres de esos proyectos, para efectuarle alguna mejoras, dijo Natalia Díaz, Ministra de la Presidencia.
Un total de 3.570.807 costarricenses podrán votar en las próximas elecciones municipales del 4 de febrero, según dio a conocer este viernes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los magistrados de la Sala Constitucional -o Sala Cuarta- apoyaron el proyecto del marchamo digital, y rebotaron un recurso según el cual este dispositivo permitiría rastrear, y monitorear, los movimientos vehiculares, en todo el país.
Los 161 partidos políticos, que competirán en las elecciones municipales del 4 de febrero del 2024, deberán esperar hasta el 30 de noviembre, para conocer con certeza si quedaron debidamente inscritos en esas justas electorales.
El Ministerio de Hacienda determinó sanciones por ¢361,5 millones contra 10 casinos ubicados en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas tras un operativo de control tributario.
