Un equipo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), encabezado por el secretario Mathias Cormann, estará en el país -6 y 7 de febrero- para analizar los retos coyunturales y estructurales de la política economía nacional.
Sorpresivamente, el Congreso descartó a Erick Ulate y a Laura Arguedas, para dirigir la Defensoría de los Habitantes; y en su lugar varias fracciones se unieron para postular a Kathya Rodríguez Araica.
En diciembre del 2022 una encuesta sobre el uso de sustancias psicoactivas -realizada a 16 mil personas en todo el país – evidenció que el 33% tomó alcohol, 6% usó tabaco y 4 % fumó marihuana, lo que reveló un incremento en el consumo de esta última droga.
Pese a la oposición de los legisladores frenteamplistas, el Congreso sepultó el denominado Acuerdo de Escazú y con votación de 41 votos a favor y 11 en contra, decidieron enviarlo al archivo parlamentario.
Las actividades productivas requieren 24 horas continuas de labor; reducir las jornadas de doce a once horas, significaría que las compañías deban de disponer un horario adicional diario de dos o tres horas, para reponer el tiempo.
Dentro de un mes el gobierno enviará a la Asamblea Legislativa, dos proyectos fiscales, uno para incrementar los ingresos públicos, y otro para reformar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Un préstamo de $100 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permitirá al gobierno la construcción de siete centros cívicos en Puntarenas, Corredores, Limón, Liberia, Goicoechea, Pavas, Pérez Zeledón y Alajuela.
El viernes 3 de febrero será el último día para solicitar la inscripción -ante el TSE- para las nuevas agrupaciones partidarias, de cara a los comicios municipales que se realizarán en los 84 cantones del país, dentro de un año.
La modernización del sector eléctrico, mediante una reforma legal a ese sistema, fomentaría la competitividad y bajaría las tarifas del servicio, aseguró el presidente de la Cámara de Industrias, Sergio Capón.
Los cinco rectores de las universidades estatales alegaron que la propuesta del gobierno, para regular los fondos que el estado aporta a la educación superior, perjudica el financiamiento de estas instituciones y es inconstitucional.
