Los congresistas analizan el presupuesto nacional para el otro año, y persisten en asignar ¢81 mil millones -destinados originalmente al pago de intereses de la deuda pública- para financiar sectores a los que el gobierno redujo fondos.
El proyecto del ejecutivo para vender el BCR, tal como está planteado, es inviable porque contiene vacíos en cuanto a quiénes tomarán las decisiones, y calibrarán los riesgos de este proceso, así como los beneficios de esta privatización.
Representantes de las Olimpiadas Especiales denunciaron que el Instituto Costarricense del Deporte (ICODER) “tiene secuestrada” esa institución y “siempre ha querido la plata” de esa organización deportiva.
El poder ejecutivo sostiene un pulso con los diputados, y polarizó la discusión del proyecto de eurobonos; el gobierno pide $6 mil millones y los diputados opositores ofrecen $3 mil millones, con un pliego de compromisos fiscales.
Una eficiente gestión del gasto público, y el seguimiento responsable a la regla fiscal, permitiría al gobierno reducir el presupuesto del otro año en un billón de colones, sin afectar sus actividades.
Debido a la urgencia para aprobar el presupuesto, a más tardar el 29 de noviembre, el Presidente del Congreso -Rodrigo Arias- decidió destinar al menos 105 minutos -de cada sesión- en la discusión de esa propuesta.
Con la llegada al país de las diputadas liberacionistas, Montserrat Ruiz y Carolina Delgado, el gobierno envió -de nuevo- a debate, el proyecto de eurobonos, el cual requiere de 38 votos para su aprobación.
El ministro de hacienda, Nogui Acosta, y los legisladores coincidieron en la necesidad de actualizar la ley que rige el cobro del marchamo, para realizar un cálculo justo, y tener certeza sobre el monto a pagar por los dueños de vehículos.
Los dirigentes sindicales del BCR advirtieron a los diputados de la Comisión de Económicos, que si se concreta la venta de esa institución -según ellos la segunda más rentable del país- despedirían a más de 4,300 empleados.
El deporte costarricense cada día está más pobre; solo puede salvarse con recursos frescos provenientes -entre otras fuentes- del patrocinio de las marcas de licor, afirmó el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos.
El Ministerio de Hacienda determinó sanciones por ¢361,5 millones contra 10 casinos ubicados en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas tras un operativo de control tributario.
