De enero del año pasado a setiembre del presente, los pescadores recibieron 46 millones de litros de combustible subsidiado, valorado en ¢10 mil millones y lo revendieron “a empresas e incluso al crimen organizado”.
Los partidos de la selección en Qatar, podrán ser vistos por los empleados públicos -en su jornada laboral- según una directriz ejecutiva, emitida por Rodrigo Chaves.
Los congresistas analizan el presupuesto nacional para el otro año, y persisten en asignar ¢81 mil millones -destinados originalmente al pago de intereses de la deuda pública- para financiar sectores a los que el gobierno redujo fondos.
El proyecto del ejecutivo para vender el BCR, tal como está planteado, es inviable porque contiene vacíos en cuanto a quiénes tomarán las decisiones, y calibrarán los riesgos de este proceso, así como los beneficios de esta privatización.
Representantes de las Olimpiadas Especiales denunciaron que el Instituto Costarricense del Deporte (ICODER) “tiene secuestrada” esa institución y “siempre ha querido la plata” de esa organización deportiva.
El poder ejecutivo sostiene un pulso con los diputados, y polarizó la discusión del proyecto de eurobonos; el gobierno pide $6 mil millones y los diputados opositores ofrecen $3 mil millones, con un pliego de compromisos fiscales.
Una eficiente gestión del gasto público, y el seguimiento responsable a la regla fiscal, permitiría al gobierno reducir el presupuesto del otro año en un billón de colones, sin afectar sus actividades.
Debido a la urgencia para aprobar el presupuesto, a más tardar el 29 de noviembre, el Presidente del Congreso -Rodrigo Arias- decidió destinar al menos 105 minutos -de cada sesión- en la discusión de esa propuesta.
Con la llegada al país de las diputadas liberacionistas, Montserrat Ruiz y Carolina Delgado, el gobierno envió -de nuevo- a debate, el proyecto de eurobonos, el cual requiere de 38 votos para su aprobación.
El ministro de hacienda, Nogui Acosta, y los legisladores coincidieron en la necesidad de actualizar la ley que rige el cobro del marchamo, para realizar un cálculo justo, y tener certeza sobre el monto a pagar por los dueños de vehículos.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso contra Hacienda, por no girar ₡11.521 millones del FEES 2025, correspondientes a un aumento aprobado por ley; el fallo fue emitido este martes por mayoría de cinco magistrados, con dos votos en contra.
