Implementar un aumento salarial de hasta un 30% para los trabajadores que acepten el cambio de horario, limitar el ámbito de acción de las jornadas especiales a los call center, manufactura especializada y otras industrias 24/7, y excluir al turismo y al agro, son las condiciones que pone el Partido Liberación Nacional (PLN) para dar sus votos a las jornadas 4x3, según Óscar Izquierdo, diputado y jefe de fracción de la bancada verdiblanca.
La ciencia ficción llegó a la Asamblea Legislativa; un grupo de cinco diputados de varias fracciones pidió al Chat GPT4 que construyera el texto de un proyecto de ley, para regular la Inteligencia Artificial (IA), en Costa Rica.
Varias fracciones -con excepción de liberacionistas y frenteamplistas- negocian una moción al proyecto de jornadas acumulativas, o ley 4/3, para que los trabajadores -de manera voluntaria- puedan laborar un día extra al horario semanal.
En presencia de los presidentes del poder legislativo, Rodrigo Arias, y del judicial, Orlando Aguirre; Rodrigo Chaves firmó la Ley contra el Crimen Organizado, aprobada en segundo debate en el Congreso, con amplia mayoría parlamentaria.
Antes de la fecha límite, 7 de junio, los legisladores aprobaron en segundo debate, y dejaron lista para su publicación en La Gaceta, el expediente 23.090, o Ley contra el crimen organizado, que impedirá la liberación de varios narcolíderes.
Trabajar una jornada excepcional de 40 horas diurnas; 10 de ellas por cuatro días consecutivos y tres libres, es la propuesta de Francisco Nicolás (PLN), en oposición a la iniciativa de laborar 12 horas seguidas, conocida como 4/3.
Un bloque de 49 legisladores -con la oposición de Carolina Delgado y Danny Vargas del PLN- aprobaron en primer debate el expediente 23.090 -Ley contra el Crimen Organizado- que impedirá liberar a varios líderes narcos encarcelados.
Sacar de la informalidad a las empresas que operan al margen de sus obligaciones tributarias, en vez de elevar los impuestos, es una propuesta de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).
Mediante un decreto ejecutivo, el MINAE intervino el Parque Nacional Manuel Antonio, para garantizar mejor servicio a los 400 mil turistas anuales que visitan ese lugar.
La presidente Laura Fernández presentó, en la Asamblea Legislativa, seis proyectos de ley para fortalecer la seguridad, combatir el narcotráfico y reducir la impunidad en Costa Rica.
