De manera provisional, Humberto Soto, alcalde de Alajuela, ganó una batalla en contra del Partido Liberación Nacional (PLN) en su afán por reelegirse en el cargo.
A finales de año llegará al país un asesor estratégico-a tiempo completo- del gobierno de Estados Unidos, para ayudar a Costa Rica a reforzar sus políticas y estrategias nacionales de ciberseguridad.
G.W. Lisk Company, empresa en soluciones de ingeniería para la industria aeroespacial, equipos de carretera, petróleo y gas, e hidráulica industrial móvil, anunció la adquisición de Preinsa, una empresa costarricense especializada en la fabricación de piezas de alta precisión en materiales metálicos y poliméricos.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) firmó, junto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), un convenio para producir 2.000 señales de información vial, y turísticas.
Los propietarios interesados en conocer el estado mecánico de su vehículo, podrían realizar inspecciones voluntarias -pagadas- en Dekra, sin que estas tengan repercusiones en el resultado obtenido, en la inspección periódica y obligatoria.
Una vez que estén formalizados los trámites, ante el Consejo de Transporte Público (CTP), entrará en operaciones la nueva empresa -Transportes Inteligentes de Guanacaste- que dará servicio de buses en la ruta San José-Nicoya.
Entre julio y agosto del 2023 se publicaron 3206 edictos -en el Boletín Judicial, para un promedio diario de 146 publicaciones, y sin costo alguno para los solicitantes; esto generó un ahorro de ¢30 millones mensuales.
En el sector del INVU Las Cañas, en Alajuela, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), realiza una serie de obras de mantenimiento, en la vía férrea que pasa por esa comunidad.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero efectuó la primera entrega de una compra de 150 motocicletas nuevas, que serán destinadas a distintas regiones policiales de la Fuerza Pública.
La demanda que presentó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) contra la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) no tiene base legal, y por ello, empresarios, diputados, bancos y especialistas señalan que los datos crediticios no pueden ser compartidos con otras instituciones del Estado.
