El presupuesto enviado por el gobierno al Congreso contempla rebajas a la red vial, por ¢10 mil millones; la construcción de viviendas de interés social, pasó de ¢5 mil millones a ¢649 millones; y para las comunidades se redujo de ¢44 mil millones a ¢8 mil millones.
La presidenta de la comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez (PLN), señaló que la propuesta de las autoridades “busca el equilibrio en lo fiscal, pero no en lo social”, y “no hay nueva ruta, ni una nueva gestión para dirigir los recursos a un nuevo plan de gobierno.”
Para la congresista Sofía Guillén (FA), a la mayoría de los ministros nadie les tomó en cuenta, ni les informaron de dónde y en cuánto les rebajarían sus presupuestos.
Los legisladores discuten un presupuesto por ¢12.26 billones; ¢7.25 billones se financian con ingresos corrientes y ¢5.1 billones con títulos de deuda interna.
El servicio de la deuda consume el 46.7% del presupuesto, unos ¢5.7 billones; el MEP un 20,6%, además, los regímenes de pensiones, con cargo al Presupuesto y el Ministerio de Trabajo, tienen un 15% adicional.
Estos cuatro programas concentran el 81,2% del Presupuesto de la República, mientras que el restante 18.8% se distribuye entre los otros 22 títulos presupuestarios.
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