El homicidio de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este miércoles por la noche por un gatillero -presumiblemente menor de edad-, generó una gran consternación entre las autoridades políticas, judiciales y empresariales, quienes demandan una declaratoria de emergencia nacional para atender la ola de asesinatos.
“Creo que el Gobierno tiene que declarar el estado de emergencia para efectos de captar fondos de otras instituciones, incluso porque esa es la prioridad del país, si no lo vamos a perder”, dijo Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en conferencia de prensa.
El oficial asesinado de 41 años y de apellido Gómez, estaba en Tirrases de Curridabat, junto a otro compañero realizando labores de investigación, cuando dos antisociales en motocicleta se aproximaron y le dispararon a quemarropa. Gómez murió en el lugar y el otro oficial se encuentra delicado en el hospital.
Por estos hechos, las autoridades ya detuvieron a varios sujetos, incluido un menor de 17 años que habría disparado el arma.
A la fecha, el país suma más de 680 homicidios en lo que llevamos del año, lo cual es un récord nacional, a falta de tres meses para culminar el 2023.
El crecimiento en este índice está relacionado con una guerra entre bandas narcotraficantes por territorio y rutas de tránsito para la cocaína.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, hizo un llamado a buscar soluciones conjuntas para enfrentar la criminalidad.
“Los tres Poderes de la República estamos obligados, hoy más que nunca, a articular esfuerzos, aumentar las coordinaciones y establecer prioridades en el marco que constitucionalmente nos compete”, dijo Aguirre.
Mientras tanto, Rodrigo Arias, presidente del Congreso, manifestó su disposición a buscar soluciones desde el Congreso.
“Reafirmo el compromiso de esta Asamblea Legislativa en emprender una lucha decidida contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Todos debemos unirnos en aprobar de forma urgente las iniciativas de ley que la comisión de autoridades encargadas de la seguridad ciudadana defina como prioritarias.
Reitero la necesidad de continuar con una estrecha coordinación entre todos los Poderes de la República para garantizar un ambiente seguro y pacífico para todos los habitantes”, dijo Arias.
Mientras tanto, los empresarios insistieron en la toma de decisiones.
“Desde inicios de año, la Unión de Cámaras ha reiterado la urgencia de emprender acciones para afrontar la realidad que atraviesa el país, no podemos perder la seguridad ciudadana, que es uno de los pilares de la estabilidad de Costa Rica.
En este sentido, UCCAEP señala que debe dotarse de herramientas al sistema judicial y penitenciario para mejorar su labor, en aras de que logremos recuperar la paz como ciudadanía”, dijeron en la agrupación empresarial.
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