La demanda que presentó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) contra la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) no tiene base legal, y por ello, empresarios, diputados, bancos y especialistas señalan que los datos crediticios no pueden ser compartidos con otras instituciones del Estado.
Proteger el secreto bancario de los deudores y las empresas motiva a diferentes grupos a oponerse a la demanda presentada por desobediencia contra Rocío Aguilar, superintendenta general de entidades financieras.
“No hay una necesidad estadística que justifique la violación de la confidencialidad de la información”, dijo la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
En principio, el Banco Central necesita información para generar estadísticas económicas, pero esos datos deben ser información agregada y anónima, respetando la privacidad e intimidad de las personas.
“El nivel de detalle requerido por el BCCR expone abiertamente el perfil crediticio de todos los costarricenses y las empresas. Es información de carácter muy sensible para los verdaderos dueños de la misma, es decir, los usuarios del sistema financiero.
Por ello, para la UCCAEP es preocupante y resulta incomprensible la denuncia penal planteada en contra de la superintendente de la SUGEF”, agregó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Mientras tanto, diputados como Daniel Rojas del PUSC indicaron que la medida es “vergonzosa”.
“Esta actuación tiene ánimo de control e invasión de la vida privada. Si se requiere información para generar estadísticas económicas, se debe hacer de otra forma, respetando la privacidad de las personas y siguiendo el debido proceso para eso, no de forma intimidatoria. Esto es vergonzoso”, expresó Rojas.
Finalmente, Daniel Suchar, analista financiero, señaló que compartir los datos con el Banco Central implicaría perder transparencia sobre la información crediticia.
Sobre este tema el Banco Central señaló que no se referirá al tema porque ya se encuentra en estrados judiciales.
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