Un préstamo de $100 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permitirá al gobierno la construcción de siete centros cívicos en Puntarenas, Corredores, Limón, Liberia, Goicoechea, Pavas, Pérez Zeledón y Alajuela.
El viernes 3 de febrero será el último día para solicitar la inscripción -ante el TSE- para las nuevas agrupaciones partidarias, de cara a los comicios municipales que se realizarán en los 84 cantones del país, dentro de un año.
La modernización del sector eléctrico, mediante una reforma legal a ese sistema, fomentaría la competitividad y bajaría las tarifas del servicio, aseguró el presidente de la Cámara de Industrias, Sergio Capón.
Los cinco rectores de las universidades estatales alegaron que la propuesta del gobierno, para regular los fondos que el estado aporta a la educación superior, perjudica el financiamiento de estas instituciones y es inconstitucional.
El Ministerio de Hacienda presiona a la Asamblea Legislativa para tramitar una modificación de la regla fiscal, la cual establece limitaciones al gasto público, para evitar el agravamiento de la crisis financiera.
Enfocarse en combatir la inseguridad, el desempleo, el estancamiento económico y el alto costo de la vida, fue el mensaje que envió el Presidente del Congreso, Rodrigo Arias, a todas las autoridades del Estado.
La propuesta del gobierno para permitir el consumo de marihuana, carece de la infraestructura, apoyo médico, educativo y cultural, afirmó el presidente de la Asociación de Psiquiatría, Francisco Gólcher.
Ante las dudas surgidas por el nuevo texto presentado por el Gobierno, en relación con el proyecto de jornadas mixtas, los diputados de la Comisión de Hacendarios, acordaron recibir a empresarios y sindicalistas para escuchar sus criterios sobre esa propuesta.
Los honorarios que cobran los abogados, por sus servicios profesionales, están acorde con el Índice de Precios al Consumidor, y no afectan a los ciudadanos, aseguró el Presidente del Colegio de Abogados, Álvaro Sánchez.
Representantes de los colegios profesionales, aseguran que sin tarifas mínimas, los servicios que ofrecen al ciudadano perderían calidad, fomentarían malas prácticas y la competencia desleal.
