Arrastrándose por la arena de Punta Banco, en Pavones de Golfito, 446 tortuguitas marinas, desfilaron hacia su hogar, tras ser rescatadas de los ladrones de huevos, quienes pretendían venderlos a los cantineros, como “bocas” para los clientes.
Un total de 3.570.807 costarricenses podrán votar en las próximas elecciones municipales del 4 de febrero, según dio a conocer este viernes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Con la confirmación de un nuevo empréstito de $250 millones provenientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el gobierno da un paso firme hacia la concreción del ambicioso proyecto del tren eléctrico, elevando la inversión total a $800 millones.
De mantenerse la tendencia creciente de casos de dengue, el país podría superar este año la cantidad registrada en el 2016; entre enero y noviembre del 2023, ese mal atacó a 21.396 personas; en las últimas 10 semanas la cifra se duplicó, en relación con las anteriores.
En una fábrica del sur de Israel, la sirena antiaérea advierte a los obreros que tienen pocos segundos para correr a un refugio y ponerse a salvo de los cohetes palestinos. Una situación frecuente en esta planta, donde se fabrican puertas de seguridad, y que perjudica la producción.
Con el voto unánime de 44 diputados quedó aprobado un informe, de la Comisión de Gasto Público, sobre las pérdidas de ¢15 mil millones, generadas en la Asociación Solidarista del Banco Nacional (Asebanacio).
Los magistrados de la Sala Constitucional -o Sala Cuarta- apoyaron el proyecto del marchamo digital, y rebotaron un recurso según el cual este dispositivo permitiría rastrear, y monitorear, los movimientos vehiculares, en todo el país.
Los 161 partidos políticos, que competirán en las elecciones municipales del 4 de febrero del 2024, deberán esperar hasta el 30 de noviembre, para conocer con certeza si quedaron debidamente inscritos en esas justas electorales.
Quienes deseen obtener el grado de bachillerato o licenciatura, podrán gestionar una de las 330 becas que otorgará la oficina de la Primera Dama, Signe Zeikate, mediante un convenio de cooperación con la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI).
Tras incurrir en un “lapsus linguae” -confundir contravención y delito- el Ministro de Seguridad, Mario Zamora, reconoció que portar y usar armas de guerra -automáticas y semiautomáticas- es una ilegalidad mayor, penada hasta con ocho años de cárcel.
