El Colegio de Veterinarios cuestionó un proyecto de ley que propone crear clínicas veterinarias estatales.
La presidenta del Colegio, Silvia Coto, señaló que el plan tiene un espíritu noble, pero adolece de falencias técnicas, legales y financieras importantes.
Uno de los principales problemas es la propuesta de financiar las clínicas con un impuesto del 10% a productos para mascotas.
Según Coto, este gravamen encarecería artículos de primera necesidad como alimentos y desparasitantes, afectando a las familias más vulnerables del país.
Además, el proyecto asigna la administración al SENASA, institución que ya enfrenta recortes presupuestarios y carece de infraestructura y personal para estas funciones.
El Colegio también criticó términos imprecisos como “razas menores” y el desconocimiento de los costos reales de la medicina veterinaria.
Los especialistas advierten que estas inconsistencias podrían afectar la salud animal y la salud pública en el mediano plazo.
Entre las alternativas propuestas figuran clínicas piloto regionales, subsidios focalizados, unidades móviles y la gestión municipal con regentes veterinarios.
La corporación gremial insistió en que tener mascotas implica responsabilidades y no debe interpretarse como un derecho incondicional de las personas.
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