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Los empresarios y sindicatos rechazan la suspensión -por parte de Rodrigo Chaves- de cinco miembros de la Junta Directiva de la CCSS, amparado en varias denuncias en contra de ellos.
El Mandatario anunció que abrieron “procedimientos administrativos” y dictó “como medida cautelar, la suspensión con goce de dieta, de los funcionarios durante el tiempo que dure ” esa investigación.
La Unión de Cámaras (UCCAEP), instó “al Presidente para que corrija de inmediato lo anunciado, en aras de no paralizar la toma de decisiones de la institución más importante del país”.
De acuerdo con la normativa vigente, según UCCAEP, el gobierno solo puede remover de Junta Directiva de La Caja a sus representantes, pero no a los del sector privado ni laboral, salvo las excepciones que la ley indica.
Aparte de la suspensión a esos funcionarios, el Gobierno acordó enviar a la Fiscalía General una petición para que investigue, por la vía penal, los eventuales hechos delictivos cometidos por esos directores.
Esta denuncia incluye al expresidente de esa institución, Álvaro Ramos Chaves, quien fue destituido en setiembre de este año, por aprobar un incremento salarial a los empleados de esa entidad.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA) acusó al gobierno de pretender privatizar los servicios de salud, aplicarle la regla fiscal, amenazar y difamar a la institución.
Una de las directoras suspendidas, Marta Rodríguez, dijo que Chaves desea “desmantelar a la Caja” mediante un “acto antijurídico” y que está fuera de las atribuciones presidenciales.
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