German Vidaurre, Director del Consejo Universitario Universidad de Costa Rica respaldó en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, el fortalecimiento del marco normativo que regula el ejercicio de los mandos administrativos en las operadoras de pensiones, contenido en el Expediente Nº. 22760, Ley de idoneidad y experiencia en la gestión de fondos y operadoras de pensiones.
El proyecto de ley recalca la responsabilidad de cumplir con los requisitos mínimos en materia de gobierno corporativo según el Reglamento que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
Vidaurre Fallas destacó que este plan ya recopila muchas regulaciones que están vigentes como la facultad de intervención del Banco Central.
En ese sentido llamó la atención para la creación de un poder de veto que tendía la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) en el tema de los nombramientos de los directivos de las operadoras que excedería la línea de límite, en cuanto a la administración de estas organizaciones.
Este proyecto abriría las posibilidades para que la SUPEN vete los nombramientos y se daría de esta manera una forma de control político, expuso el representante universitario.
Así se podría evitar que los órganos directivos terminen respondiendo a intereses políticos y de alguna forma se alejen de la función primordial de la SUPEN, para vigilar que las operadoras tomen sus decisiones fundamentadas en criterios técnicos.
El expediente propone la elección de los dos miembros independientes para formar parte de las juntas directivas, siguiendo una tendencia que se ha producido en el mundo.
El representante universitario comentó que este es un proyecto de mucha importancia para asegurar un correcto manejo de las operadoras y en ese sentido el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica está dispuesto a colaborar y asesorar en todos aquellos campos técnicos que necesiten los legisladores.
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