Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
El Gobierno presentará el lunes una denuncia por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, por prorrogar las suplencias de varios de esos funcionarios judiciales.
La acción será presentada ante la Secretaría de la Corte Plena contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, según anunció la presidente Laura Fernández junto con la bancada oficialista de Pueblo Soberano.
El Ejecutivo calificó la resolución como “ilegal e inconstitucional” y sostuvo que constituye un “golpe de Estado” contra la Asamblea Legislativa, al considerar que únicamente el Congreso tiene la potestad de nombrar y remover magistrados.
El Gobierno argumenta que el artículo 164 de la Constitución establece que solo la ley puede definir el plazo y las condiciones del ejercicio del cargo, por lo que la Sala Constitucional no tendría competencia para extender esos nombramientos.
La elección de los nueve magistrados suplentes permanece pendiente desde diciembre de 2025, cuando vencieron sus periodos. La falta de acuerdos políticos en la Asamblea Legislativa ha impedido completar el proceso.
La Sala Constitucional sostiene que la lista de 18 candidatos enviada por la Corte Suprema de Justicia mantiene plena vigencia y que corresponde al Congreso votar esa nómina, sin abrir un nuevo concurso para las mismas plazas.
La ausencia de magistrados suplentes ha provocado un creciente atraso en el Tribunal Constitucional. A mediados de julio permanecían pendientes 123 expedientes, entre ellos 99 recursos de amparo, 21 acciones de inconstitucionalidad y tres consultas constitucionales que requieren la integración de la Sala con magistrados suplentes.
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