Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
Las bancadas de oposición rechazaron este viernes las declaraciones de la presidente Laura Fernández y del partido Pueblo Soberano, quienes calificaron como un “golpe de Estado judicial” la resolución de la Sala Constitucional que ordenó a la Asamblea Legislativa votar la lista de magistrados suplentes y prorrogó, de forma temporal, los nombramientos vencidos para evitar la paralización del Tribunal.
La controversia surgió después de que la Sala IV declarara con lugar un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa, por no elegir a los magistrados suplentes cuyos nombramientos vencieron en diciembre de 2025.
El Tribunal anuló el acuerdo mediante el cual el Congreso devolvió a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 candidatos a magistrado, y ordenó al Directorio Legislativo someter nuevamente esa lista a votación.
Como medida transitoria, también restituyó a los suplentes anteriores para atender la acumulación de más de 120 expedientes pendientes.
En respuesta, la presidente Laura Fernández afirmó que la resolución violenta la división de poderes y anunció, junto con la presidente legislativa Yara Jiménez y la bancada de Pueblo Soberano, la presentación de una querella por prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes votaron a favor de la resolución.
Fernández sostuvo que únicamente la Asamblea Legislativa tiene la potestad constitucional para nombrar y remover magistrados, y argumentó que la decisión de la Sala IV vulnera varios artículos de la Constitución Política relacionados con la división de poderes y las competencias del Congreso.
Las reacciones del bloque opositor no se hicieron esperar. El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, rechazó la acusación de golpe de Estado, y aseguró que ha sido el oficialismo el que ha intentado paralizar el Poder Judicial al impedir el nombramiento de magistrados suplentes.
“¿Cómo va a hablar el Gobierno de golpe de Estado cuando ellos han intentado sabotear y paralizar al Poder Judicial?”, cuestionó Villalta. Además, pidió al Ejecutivo y al oficialismo “dejar de socavar las instituciones” y cumplir con la elección de las magistraturas pendientes.
Desde el Partido Liberación Nacional, el jefe de fracción Álvaro Ramírez calificó de “peligrosas e irresponsables” las declaraciones del Gobierno y afirmó que la responsabilidad del bloqueo recae en la bancada oficialista, que durante los últimos meses dejó en blanco su voto cada vez que el Plenario conoció la lista de candidatos.
Ramírez recordó que la Asamblea intentó en seis ocasiones elegir a los magistrados suplentes durante la actual legislatura, y que fue el oficialismo el que impidió alcanzar los votos necesarios.
A su juicio, esa conducta provocó el funcionamiento limitado de la Sala Constitucional y afectó directamente a los ciudadanos que esperan la resolución de sus recursos.
La diputada Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, calificó como “preocupantes, temerarias e irresponsables” las declaraciones de la presidente Fernández y aseguró que la resolución judicial responde precisamente al bloqueo legislativo que ha impedido completar la integración de la Sala IV.
Por su parte, la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, sostuvo que resulta inadmisible calificar de “golpistas” a los magistrados constitucionales. La legisladora afirmó que la Sala actuó dentro de las competencias que le otorga la Constitución, para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho.
Gordienko también defendió la decisión de restituir temporalmente a los magistrados suplentes para evitar la paralización del Tribunal Constitucional, y manifestó que ningún poder de la República debe impedir el funcionamiento de otro mediante omisiones o bloqueos políticos.
Mientras tanto, la querella anunciada por la presidente del Congreso será presentada el próximo lunes ante la Secretaría de la Corte Plena.
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