Los abogados podrán cobrar las tarifas vigentes por sus servicios profesionales, mientras el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, analiza y decide la legalidad o no del decreto de Rodrigo Chaves, que las eliminó el 14 de setiembre del 2022.
En esa fecha, Chaves anunció que -vía decreto- eliminaría las tarifas cobradas por varios servicios, entre ellos el de Abogados; cuatro agremiados de esa organización, presentaron en octubre de ese año, una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso.
La jueza Ana Katarina Apú Hidalgo, mediante resolución del 9 de noviembre anterior declaró con lugar la petición de los recurrentes, confirmó su vigencia y ordenó “abstenerse de perturbar el ejercicio profesional de los promoventes”.
Una de las razones esgrimidas por Apú, para sostener las tarifas, fue que el decreto de marras, propiciará una reducción de la calidad de los servicios legales, o pactar montos ruinosos, que incidan en el trabajo de los jurisconsultos.
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