Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para agilizar el cobro de impuestos, multas y otras obligaciones tributarias firmes.
La iniciativa reforma el Título VII del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y crea un procedimiento administrativo de apremio, que quedaría a cargo de la Oficina de Cobros del Ministerio de Hacienda.
El proyecto permitiría sustituir buena parte del cobro judicial por una vía administrativa. El Gobierno sostiene que el sistema vigente resulta lento e ineficiente debido a la congestión de los tribunales.
Hacienda podría iniciar el procedimiento cuando la deuda sea líquida y exigible. La certificación del adeudo tendría valor de título ejecutivo y permitiría ordenar embargos sobre bienes y derechos del contribuyente.
Antes de iniciar el cobro formal, la Administración podrá realizar una única gestión persuasiva. Si el contribuyente no paga dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación, se podrá decretar el embargo.
La reforma autoriza el embargo de dinero en cuentas bancarias, salarios, pensiones, créditos, bienes muebles, propiedades y establecimientos comerciales, dentro de los límites establecidos por la legislación.
El embargo se decretaría por el capital reclamado, los intereses liquidados y un 50% adicional para cubrir intereses futuros y costas procesales.
Hacienda también podría aplicar medidas cautelares, investigar la existencia de bienes y acceder a información sobre beneficiarios finales y empresas vinculadas con el deudor.
El texto mantiene la posibilidad de presentar oposiciones y recursos ante el Tribunal Fiscal Administrativo, aunque estas gestiones no siempre suspenderían la ejecución del embargo.
El Gobierno argumenta que el nuevo procedimiento reduciría la morosidad tributaria, permitiría recuperar recursos públicos con mayor rapidez y ayudaría a descongestionar los tribunales.
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