Laura Sauma
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Cada vez que veo nuestra realidad, es inevitable hacerme algunas preguntas: ¿Cómo sería Costa Rica, si los políticos de turno se hubieran hecho las preguntas correctas, en lugar de inclinarse por el beneficio personal o el de sus allegados? ¿Si hubieran diseñado políticas públicas, a largo plazo, y las hubieran adaptado a las necesidades y a la realidad cambiante?
¿Existiría este archipiélago institucional enorme e inoperante? ¿Seríamos un país tan caro y hostil, para quienes desean producir? ¿Habría una casta de empleados públicos enriqueciéndose, y disfrutando de privilegios dignos de la realeza? ¿Tendríamos un régimen de empleo público, que premia la antigüedad sobre la excelencia?
En la búsqueda de respuestas a esas interrogantes, me encontré con unas frases de un texto, de William A. Niskanen, que resultan sumamente esclarecedoras: “La disciplina política necesaria para controlar el gasto implica un compromiso constante con los PRINCIPIOS. Los miembros de la administración y del Congreso deben preguntarse cada vez más el por qué y para qué de algo, en lugar de solo el cómo o el cuánto”.
Después de leerlo pensé: ¿Qué habría pasado si antes de inventar una institución, ley, decreto, procedimiento, puesto, privilegio o trámite, los políticos de turno se hubieran hecho las siguientes preguntas?
1. ¿Autoriza la Constitución el programa o actividad que pretendemos crear?
2. ¿Tiene el Estado más capacidad para llevar a cabo la actividad específica de la que se trate, que el sector privado?
3. ¿Es la actividad propuesta, la mejor manera de lograr el objetivo deseado?
4. En cuanto a los impuestos necesarios para financiarla: ¿Es el beneficio marginal de la actividad, mayor que el costo marginal para nuestra economía?
Una respuesta negativa a cualquiera de estas preguntas debería haber sido suficiente para descartar, reducir o eliminar la actividad de la que se tratase, ya fuera financiada o simplemente propuesta.
Ahora es fácil entender por qué creamos semejante maraña institucional. Nuestra clase política ha pasado décadas sin cuestionarse ninguna de esas cosas, exigiendo cada vez más impuestos para mantener al Estado, para darle trabajos y contratos a sus amigos, vecinos y demás familiares. Y aun así, todavía hay personas que defienden a los secuestradores del Estado, y el modelo que implementaron en su beneficio.
Si analizamos la situación, nos daremos cuenta de que esa clase política,va a ser incapaz de recortar gastos en burocracia o cerrar agencias de empleo… mientras les sigamos proporcionando recursos sin restricciones. Eso, simplemente, no está en su naturaleza: ellos solo saben despilfarrar a manos llenas, y están convencidos de que merecen ser mantenidos así por nosotros.
Es momento de que los ciudadanos tomemos conciencia de ese comportamiento, para obligar a nuestros gobernantes a reflexionar y comprender la importancia de diseñar políticas públicas a largo plazo, políticas que beneficien a toda la población y no solo a sectores específicos.
Es hora de acabar con esa mentalidad de privilegios y privilegiados, perpetuada por ellos, y de trabajar por un camino de bienestar, que nos permita alcanzar una sociedad más equitativa y próspera para todos.
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