Desde el 2015 se eliminó el enganche salarial con los trabajadores no profesionales del sector público, de manera que sí es posible ajustar el ingreso de los oficiales de la Fuerza Pública, y esa alza no elevará el salario de los médicos.
Así lo afirmó el Dr. Maikel Vargas, vicepresidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME), quien rebatió las afirmaciones de Rodrigo Chaves, en el sentido de que esa ley de enganche impide pagar más a los policías.
El Presidente advirtió que los alcances de esa legislación “es un tema que hay conversar”, porque: “para pagarle diez por ciento, ¢35 mil pesos de aumento al mes a un policía, habría que pagarle dos millones de pesos a un médico.”
Aseguró que ese es un problema al cual “estamos amarrados”, desde 1982, cuando se aprobó esa normativa en el gobierno de Luis Alberto Monge, y “que nadie le ha querido entrar, por qué será?”
Chaves afirmó que en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hay médicos quienes ganan 20, 18 o 15 millones de colones, y un ajuste a un oficial policíaco implicaría un aumento -en esa misma proporción- a los galenos.
Ese dato es erróneo, según el Dr. Mario Alberto Quesada, presidente del SINAMEN, ya que un médico general comienza a trabajar en La Caja con un salario que no supera ¢1.200.000 y un especialista ¢1.400.000.
El representante gremial advirtió que “hemos comprobado que se está dando una fuga de al menos 200 médicos especialistas.., quienes migran al sector privado en procura de mejores condiciones salariales.”
A la discusión sobre la incidencia del enganche médico salarial se sumó el sindicalista Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), quien avaló las aseveraciones de Chaves.
Cuando se discutió la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el Congreso anterior, los partidos Restauración Nacional, Acción Ciudadana y Frente Amplio se opusieron a reformar o eliminar el enganche de marras.
El entonces Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, dijo que esa reforma no debía arriesgar la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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