Sancionar con severidad a los cobradores de los préstamos gota a gota, y atacar a las organizaciones criminales que los respaldan, es el objetivo de un proyecto de ley convocado por el Poder Ejecutivo.
La normativa fue propuesta -y avalada por el gobierno- en febrero anterior por diputados de Nueva República (NR) y la Unidad Socialcristiana (PUSC), para enfrentar organizaciones delictivas dedicadas a intimidar a los deudores.
En caso de aprobarse la ley, quienes intimiden, amenacen, priven de libertad o lesionen con el objeto de cobrar un crédito, serían sancionados con penas de tres a diez años de prisión; y hasta 12 si forman parte del crimen organizado.
Según las autoridades, detrás de estos préstamos, hay pandillas de maleantes, quienes cobran elevados intereses y cuando la persona no puede pagar, la amenazan, agreden o retiene ilegalmente.
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