En lugar de la ilegalidad que hoy impera en la mina de Crucitas, el gobierno debería plantearse la posibilidad de permitir una explotación legal y controlada en la zona, según Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista.
Para la congresista, el Poder Ejecutivo tiene que acercarse a la Asamblea Legislativa para impulsar una normativa que permita reactivar la minería de oro.
En estos momentos, los coligalleros o mineros ilegales están extrayendo el oro, generando un daño ambiental y contaminando el agua.
“La realidad de Crucitas es que el Estado ha sido incapaz de controlar lo que allí está sucediendo, por lo que pienso que debería existir una modificación legal que permita, de forma controlada, llevar a cabo una explotación legal en las áreas que ya han sido impactadas.
Se requiere de una planificación en la que participen el gobierno y el Congreso, para establecer acciones operativas que minimicen el riesgo ambiental y que, al mismo tiempo, permitan una explotación legal”, dijo Cambronero.
Esta semana se dio a conocer que el Ministerio de Seguridad Pública abandonó una finca en Crucitas debido a las malas condiciones para el personal.
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