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domingo, noviembre 24, 2024
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Diputados buscan 38 votos para revocar veto sobre proyecto para salir de lista gris de la UE

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Diputados del PLN, el PUSC y el Liberal Progresista están buscando los 38 votos necesarios para revocar el veto parcial del presidente Chaves en relación con el plan que sacaría a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea (UE).

Hasta ahora, falta pronunciamiento de Nueva República al respecto, mientras que otros partidos como el Frente Amplio y Progreso Social Democrático ya se han opuesto.

Si Nueva República se une a la oposición habría suficientes votos para frenar la decisión del mandatario.

En ese sentido, la bancada conservadora aún está analizando el tema.

Mientras tanto, el PLN ya tomó la decisión.

“El PLN está dispuesto a revocar el veto, y si tenemos los votos, lo haremos”, declaró Óscar Izquierdo, jefe del PLN.

La controversia gira en torno a varios artículos del proyecto de ley que permitirían al gobierno cobrar nuevos tributos.

Se trata de un impuesto que no existe actualmente en Costa Rica y que permitiría al Ministerio de Hacienda gravar las ganancias de las empresas domiciliadas en suelo nacional que obtienen ingresos fuera del territorio nacional.

Según el presidente Chaves, la actitud de los diputados permitiría que grandes empresas y bancos eludan el pago de miles de millones en impuestos, por lo que decidió vetar parcialmente la ley.

La idea del mandatario es eliminar estos artículos y continuar con el proyecto para que Costa Rica sea excluida de la lista de países no cooperantes de la Unión Europea en materia tributaria.

Sin embargo, los legisladores de la oposición rechazan la idea del mandatario y advierten que se trata de un nuevo impuesto.

Debemos llevar a cabo el resello antes de que comience octubre, ya que a partir de ese mes se realizará la revisión de la UE”, afirmó Daniela Rojas del PUSC.

Mientras tanto, varios gremios empresariales se manifestaron en contra del veto parcial, a la vez que pidieron a los diputados resellar el proyecto, ya que según ellos la seguridad jurídica y la competitividad de Costa Rica están en juego.

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