Para evitar los fraudes, estafas y todo tipo de embaucamiento con el pago del marchamo, por parte de los delincuentes, el Instituto Nacional de Seguros (INS), ajustó su página web y estableció una serie de códigos de seguridad.
A partir del 1º de diciembre, el gobierno y la empresa privada pagará ¢975 mil millones correspondientes al aguinaldo, tanto para empleados del sector privado como funcionarios y pensionados.
Una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realizada del 2021 al 2022, ubicó a Suiza en el primer lugar y a Costa Rica en el décimo, respecto al grado de confianza en el gobierno nacional.
Con el objetivo de descartar varias hipótesis y al mismo tiempo reunir pruebas, el Banco Nacional (BN) decidió esperar tres semanas antes de denunciar el robo de ¢3.293 millones de sus bóvedas.
La posibilidad de establecer nuevos impuestos para el pago del salario escolar y el aguinaldo no está siendo contemplada, según indicó el Ministerio de Planificación (Mideplan).
Una mujer -de 64 años- debió recurrir a la Sala Constitucional, para lograr que el Ministerio de Hacienda, pague a la Caja del Seguro las cuotas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), adeudas a esa institución y pensionarse antes del 11 de enero del 2024.
El principal sospechoso de sustraer más de ¢3.293 millones del Banco Nacional compraba casi ¢3 millones diarios en lotería y otros juegos de la Junta de Protección Social, según informó este miércoles Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Casas con espacios familiares y ambientes que responden a sus tradiciones ancestrales, en las cuales predomina el uso de la madera y de pilotes, permitirán a 75 familias indígenas de Alto Chirripó gozar de residencias frescas, libres del peligro de inundaciones y con la posibilidad de contar con espacios para la socialización.
La Sala Constitucional ordenó este lunes suspender la votación en segundo debate del Presupuesto Nacional 2027, tras una solicitud urgente del Poder Judicial; la medida fue dictada por el magistrado Fernando Cruz, presidente interino del tribunal, a petición de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas.
