Desde que Gisela Sánchez, asumió la presidencia del BCIE, planteó una nueva estrategia para esa organización, basada en tres dimensiones: económica, social y ambiental.
Para enfrentar la ola de criminalidad, que el año pasado aumentó en un 40% los homicidios, Costa Rica requiere actualizar la legislación penal, para combatir la narcodelincuencia.
La ley que obliga a los gobiernos locales a establecer un plan regulador cantonal, tiene 40 años de vigencia; en ese lapso, la mitad de las comunidades nunca pudo aprobar uno; el resto lo hizo en el siglo pasado.
El diputado Carlos Robles, del PUSC, y varias organizaciones en Esparza, propusieron a la Asamblea Legislativa ordenar, asegurar y proteger a la comunidad de Tivives, mediante la aprobación de una ley que desafecte esa Zona Protectora.
El diputado Alejandro Pacheco, jefe de la bancada socialcristiana considera que la Asamblea Legislativa construyó puentes con el poder ejecutivo para lograr consensos, en torno a los temas que más preocupan a los costarricenses y son urgentes de atender y resolver.
La seguridad ciudadana, luchar contra el crimen organizado, generar trabajo, contener el alto costo de la vida, reactivar la economía, reformar el estado y problemas de orden social, educativo y de salud son parte de los retos del gobierno, en su segundo año de gestión.
Todos los sectores de la sociedad civil, los diferentes poderes de La República, las comunidades y cada costarricense, deben de participar en atacar al crimen organizado y bajar la ola de violencia.
El país debe de tomar una decisión valiente y sensata sobre Crucitas, basada en la ciencia y la técnica, las realidades del país, y las necesidades humanas del lugar, ya es hora de darle una solución final, y esta: pasa por la Asamblea Legislativa.
Este es el año para que el gobierno ejecute sus planes en educación, seguridad, vivienda, infraestructura, reactivación económica, mediante un diálogo con los diferentes actores sociales y políticos.
El presidente Rodrigo Chaves aseguró que la investigación del Ministerio Público es “un montaje”; argumentó que se fundamenta en supuestas inconsistencias del testimonio de Christian Bulgarelli, “testigo de la Corona” en el Caso BCIE.
