Mantener a las fuerzas policíacas en Crucitas, para evitar el daño ambiental, cuesta ¢60 millones mensuales, y el gobierno carece de esos fondos.
“Este es un gran esfuerzo institucional insuficiente ante el gran tamaño de la extensión de intervención policial,y las condiciones difíciles del terreno, para atacar la extracción ilegal del oro”, denunció el Ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Debido a eso, el jerarca Zamora presentará una denuncia ante la Fiscalía Ambiental, por nuevos daños ambientales detectados por las investigaciones e intervenciones policiales, en los últimos días en Crucitas y, sentar las responsabilidades correspondientes.
El jerarca de Seguridad, instó a los dueños de esos terrenos, para que sufraguen y corrijan los daños efectuados en propiedades, que están bajo su responsabilidad.
Los operativos policiales capturaron más de 20 personas en enero; también, incautaron herramientas y utensilios, utilizados para la extracción ilegal del oro, así, como sedimentos.
