Por Álvaro Sáenz S / ExPresidente de la Unión de Cámaras
Es imperativo actuar ya. Cuando la economía se reactiva, el desempleo baja rápidamente.
Para dialogar -en serio- de reactivación económica urge aprobar la ley de jornadas de trabajo excepcionales, de modo que exista la posibilidad -no la obligación- de flexibilizar, ampliar o acumular las jornadas de común acuerdo entre las partes.
El mundo cambió en 80 años. Ahora somos una economía globalizada y bastante digitalizada y, aunque en Costa Rica el sector laboral es el de mayor peso en el PIB, está regido por un Código de 1943, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, que establece esquemas únicos de jornadas laborales de los tiempos del café y el banano.
Por tanto, es vital una adaptación a la flexibilidad necesaria en la realidad de una sociedad pospandemia, multicultural, multidiversa e inclusiva.
Los diputados y el gobierno retomaron el proyecto de Ley de Jornadas Excepcionales, dentro de la cual se contempla la jornada 4/3, que reforma varios artículos del Código de Trabajo, y potencian -de manera incremental- el uso diario de la infraestructura digital y vial del país.
Esta iniciativa hace yunta con la inserción en los mercados mundiales, y está alineada con la reforma que requiere nuestro país en los modelos educativos y otros campos de la innovación, en congruencia con la modernización de leyes aprobadas en el 2020, sobre Educación Dual y Teletrabajo.
A los asalariados que deseen y les sea relevante aplicar las jornadas acumulativas o las jornadas excepcionales ampliadas, pues no es para todos, les mejorará la vida ; recompensa el talento y el esfuerzo humano, permitirá mayor tiempo familiar, dará mayores oportunidades a las madres, mejorará la equidad de género, reducirá el absentismo laboral, disminuirá el tiempo de traslado semanal de y hacia el centro de trabajo, aumentará la competitividad empresarial creando más trabajo valioso para las micro, las pequeñas y las medianas empresas nacionales.
La Ley de Empleo Público esperamos que mejore el funcionamiento del Estado, vía la eliminación de desórdenes salariales y fomentando la eficiencia. Pero tenemos una realidad ineludible; el 86% de la población económicamente activa, aun estando en la informalidad, trabaja y depende del sector privado.
Por esto es que el cinismo del Consejo Universitario de la UCR parece infinito; se oponen al proyecto de ley, en solidaridad con los empleados del sector privado, cuando tenemos un 14% de desempleo estructural y un vergonzoso 46% de la población forzada a sobrevivir en la informalidad.
Es totalmente inmoral, que burócratas académicos con sus jugosos salarios y pensiones de lujo asegurados, se opongan a una ley que daría trabajo a muchos costarricenses.
En el fragor de la pandemia, estos empleados públicos -muchos sin trabajar- se negaron a solidarizarse con los trabajadores del sector privado, quienes debieron acogerse a las leyes especiales de emergencia para conservar su puesto, mediante la suspensión parcial y temporal de sus contratos de trabajo.
Hay dos cinismos más. Líderes sindicalistas critican al gobierno por el crecimiento de la deuda, cuando esta se generó para cubrir el déficit fiscal creciente, debido a los abusos y desórdenes del aparato estatal con sueldos y pensiones, gollerías sostenidas gracias a la protección de las cúpulas sindicales.
A lo largo de los años, varias Instituciones públicas y universidades estatales, con dinero de nuestros impuestos, compraron bonos que el gobierno emitió para financiar el déficit fiscal, usando su propio superávit no ejecutado, en vez de regresarlo a la caja única del Estado para bajar este déficit, y disminuir el cargo de intereses.
No debemos olvidarlo: El déficit fiscal es causante directo del deterioro económico de país y por ende de la creciente pobreza, desigualdad, desempleo e informalidad.
No es posible haber castigado al sector productivo (las restricciones sanitarias causaron una inmensa pérdida de valor), mientras se sostuvieron todos los privilegios del sector público, sin que esto traiga consecuencias nefastas como la devaluación del colon que estamos sufriendo.
Ciertamente puede haber algunos ajustes y áreas grises que habría que mejorar sobre la flexibilización de la acumulación de las horas en la jornada laboral. El texto actual del proyecto de ley puede revisarse para solucionar conflictos potenciales.
Pero los demás temas se deben tratar en el reglamento, mediante negociación individual entre el patrono y el empleado, o vía jurisprudencia que habrá que desarrollar con el paso de los tiempos.
Estas excepciones no deben ser impedimento para aprobar está importante ley, que mejorará las posibilidades de mucha gente de conseguir trabajo. Los diputados de nuestra Asamblea deben demostrar que son solidarios con los desempleados y que están comprometidos con la reactivación económica.
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