Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
La Sala Constitucional admitió una acción contra una Ley relacionada con la protección de consumidores ante fraudes bancarios; la gestión fue presentada por la Cámara de Bancos, que cuestiona el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la normativa.
Entre los señalamientos figuran falta de consulta adecuada, cambios sustanciales durante el trámite, posible violación del principio de conexidad y limitación del debate parlamentario en las etapas finales.
La Cámara también sostiene que la ley otorga competencias ajenas a autoridades administrativas como Sugef, al asignarle funciones cuasi-judiciales sin consulta previa a la Corte Suprema de Justicia.
Luis Ortiz, asesor legal de la Cámara, afirmó que no se cuestiona el objetivo de la ley, sino la forma en que fue aprobada por la Asamblea Legislativa.
Según la Cámara, la normativa cambia el régimen de responsabilidad para las entidades financieras, al revertir la carga de la prueba en casos de fraude electrónico.
Esto significa que el cliente ya no tendría que probar negligencia del banco, sino que la entidad deberá demostrar que sus sistemas son seguros.
La Cámara pidió declarar la inconstitucionalidad total de la ley y valorar la suspensión de sus efectos mientras la Sala estudia el caso.
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