El Tribunal Electoral rechazó la solicitud para recolectar firmas para un referéndum, presentado por Alberto Cabezas Villalobos.
Los magistrados explicaron que la ley no aporta ninguna innovación, sino que constituye una reiteración normativa sin cambios sustanciales.
Además, señalaron que destinar ¢3.000 millones a una consulta sobre este plan sería un uso ineficiente de los recursos públicos.
La Sala Constitucional ya había señalado vicios de inconstitucionalidad en dos de los tres artículos consultados por el TSE.
Estos artículos permitirían al gobierno y otras instituciones realizar contrataciones directas, lo que generó preocupaciones sobre posibles actos arbitrarios.
El único artículo que sobrevivió al examen constitucional establece limitaciones para la Contraloría General de la República (CGR).
Sin embargo, los magistrados del TSE advirtieron que esa limitación ya está contemplada en otras normativas, como la Ley Orgánica de la Contraloría.
Según el TSE, la iniciativa no incorpora ningún aspecto nuevo al ordenamiento jurídico ni representa una reforma significativa al sistema.
El Tribunal concluyó que el proyecto solo repetía de manera innecesaria conceptos ya regulados, sin modificar competencias de la Contraloría.
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