Por Redacción Digital506.com
La Superintendente General de Valores, María Lucía Fernández, considera que el proyecto de ley, Promoción y apertura del mercado de deuda pública interna costarricense, no responde a una visión integral para la organización y desarrollo del mercado.
Así lo expuso ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios donde se tramita el Expediente 22.893.
Se crean nuevas competencias para Hacienda sin una articulación adecuada; se amplían los roles del Banco Central en los servicios de anotación en cuenta, colocación y compensación – liquidación para el 90% de los activos negociados en el mercado.
Indicó que el proyecto genera asimetrías entre los participantes del mercado y hay una ausencia de capacidades del regulador para realizar una supervisión de participantes extranjeros bajo otras jurisdicciones.
La iniciativa pretende ampliar la base de inversionistas de la deuda pública, facilitando el acceso a los mecanismos de negociación de la deuda pública local, extendiendo la cantidad de participantes y con ello la disponibilidad de fondos prestables para atender las necesidades de financiamiento del estado.
De esta manera, el Ministerio de Hacienda podría diversificar los tenedores de la deuda pública y no depender únicamente de la base inversora local.
El alargamiento del plazo al vencimiento de la deuda es otro de los propósitos, pues al haber una mayor base inversora extraterritorial se ampliaría el plazo al vencimiento de la deuda interna en el mercado local, y facilitaría la administración de los riesgos de refinanciamiento en el corto plazo.
El diputado Carlos García (PUSC) consultó si sería necesario emitir una nueva normativa para combatir la capital golondrina y la posible distorsión en la fijación de precios y la exoneración de renta a no domiciliados.
Paulina Ramírez (PLN) preguntó sobre la posibilidad -de aprobarse el proyecto- de que se rompa con el principio de concentración, y la superintendente confirmó que dicha posibilidad es real.
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