El sector arrocero nacional podría desaparecer -argumentan los productores de ese grano- de concretarse las medidas anunciadas por Rodrigo Chaves, para reducir el costo del kilo al consumidor, según el programa Ruta del Arroz.
Los agricultores nacionales aducen que requieren de los aranceles, porque es una medida de protección, no solo económica, si no social; y la reducción del impuesto a la importación afectará a las familias más pobres de las zonas rurales.
“Cualquier país podrá venir a vender arroz “ pero “apenas haya una merma en el precio mundial el industrial no le comprará al productor nacional”, advirtió Andrés Vásquez Ulate, arrocero del cantón de Cañas, Guanacaste.
La Ruta del Arroz la impulsan varias instituciones públicas que decidieron -en conjunto- una serie de acciones, para lograr que el consumidor nacional pague menos por este grano, según un comunicado emitido por la Casa Presidencial.
Destacan entre esas medidas dos decretos, uno que elimina todo el esquema de fijación de precios del arroz, tanto el que paga el consumidor, como el productor.
A este se agregó otro, anunciado por Chaves, que consiste en bajar los impuestos de importación de un 36 por ciento a 4.5 por ciento al arroz en granza (con cáscara) y 5 por ciento pilado. Los dos decretos estarán en consulta pública hasta el 20 de julio.
Los agricultores de varias zonas, Cañas, La Península y Nicoya, ven con preocupación la Ruta del Arroz y anuncian “una debacle”, el “fin de la producción nacional” y consideran que después de este sector se aplicarán disposiciones similares a otras áreas productivas.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) indicó que en Costa Rica hay aranceles de importación para: “embutidos -150%-; avicultura -150%-; azúcar -45%-, lácteos -65%-, horticultura -45%-; y porcicultura – 45%-.”
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