La presidenta del INS, Mónica Araya, discrepó con los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, sobre las razones por las cuales se mantuvo en secreto el aumento salarial a los empleados de esa institución aseguradora.
Para la funcionaria la divulgación del incremento fue público, pero no así los detalles contenidos en el acta de la sesión donde se aprobó, ya que esta contenía información confidencial sobre las operaciones comerciales del INS.
El artículo 12 de la ley del INS, la política de transparencia, y el apoyo de la Sala Constitucional, fueron el sustento legal que utilizó la entidad aseguradora, para justificar la confidencialidad del alza salarial.
Según el liberacionista, Francisco Nicolás, este “secretismo” en torno al ajuste pudo basarse en el “temor” de los directores a ser despedidos de su cargo, tal como ocurrió con sus colegas de La Caja.
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