Representantes de varios grupos de personas discapacitadas están en contra de aprobar la reforma legal, que ampliaría la vida útil de los buses, por cuanto tal disposición lesiona sus derechos.
La Comisión de Económicos, de la Asamblea Legislativa, analiza desde hace varios meses el Expediente 22,530; este contempla ampliar otorgar una serie de beneficios a los autobuseros, afectados por la crisis económica derivada del Covid-19.
Reformar la Ley de Banca para el Desarrollo, y algunos artículos de la Ley de Tránsito, fueron algunas de las propuestas formuladas por Nicole Mesén, vocera del Colectivo de Discapacitados.
“Este proyecto no fue consultados a las personas con discapacidad” -añadió Mesén- porque los buses “viejos”, no disponen de plataformas para acceder a estas unidades.
Los estudiantes y adultos mayores también fueron defendidos por el congresista Pablo Sibaja (NR), porque es “un tema que se está invisibilizando, y dependen del transporte público”.
La legisladora Sofía Guillén (FA) manifestó que el gobierno dispone de un fondo de avales, con $270 millones, para ayudar a “los sectores golpeados por la pandemia”.
—
