La Presidente Laura Fernández propuso una ley para transformar el sistema penitenciario, mediante la obligación de que los reos participen en actividades productivas.
El proyecto pretende reducir la inactividad dentro de las cárceles, y promover procesos eficaces de reinserción social.
Las labores incluirían actividades agrícolas, industriales, logísticas y de servicios institucionales, desarrolladas mediante convenios públicos y privados.
Los presos recibirían una compensación económica distribuida entre su manutención, las víctimas de los delitos, sus familias y un fondo de ahorro personal.
La iniciativa crea además un Fondo de Reinserción Social, encargado de administrar los recursos generados por estos programas.
El proyecto excluye a personas con condiciones especiales como enfermedades terminales, discapacidades severas o embarazos.
Las autoridades consideran que el trabajo penitenciario contribuye a reducir la reincidencia, y fortalece la disciplina dentro de los centros penales.
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