Los magistrados de la Sala Constitucional -o Sala IV- dieron un plazo de seis meses al Ministerio de Educación Pública (MEP), para reformar el Plan de Estudio del Servicio de Aula Integrada, e incluir la enseñanza de una lengua extranjera.
El fallo de los altos jueces responde a un recurso de amparo, presentado por los padres de un grupo de estudiantes de una escuela josefina, dispuestos a defender el derecho de sus hijos a estudiar otro idioma.
Así, quienes presenten algún tipo de discapacidad cognitiva, pero asistan a aulas integradas, tendrá la oportunidad de aprender otro idioma -inglés, por ejemplo- según la orden de la Sala IV.
La sentencia indica que los cambios al Plan de Estudios deben de ajustarse al perfil, y a las necesidades del nivel educativo correspondiente.
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