Expresidente Cámara de Agricultura y de UCCAEP / Empresario agrícola
El nuevo Presidente Chaves, y toda su administración, debe comprender que un sector agropecuario, con una fuerte capacidad productiva, bien apoyado, sin el acoso estatal y con políticas de largo plazo, es fundamental para el progreso y el bienestar de Costa Rica.
Las tres grandes potencias: Estados Unidos, China y Rusia tomaron decisiones políticas que tendrán fuertes repercusiones en el sector agropecuario costarricense; una de las tres columnas que sostienen el modelo de desarrollo nacional, junto con la salud y la educación.
En un solo año, Estados Unidos incrementó un 25% la masa monetaria del dólar, moneda de reserva del mundo, generando presiones inflacionarias.
Después, apenas inició el gobierno de Joe Biden, cancelaron el nuevo oleoducto Keystone -que atraviesa Canadá- que podría haber contenido los incrementos a los precios del petróleo.
En estos días, la guerra desencadenada por Rusia contra Ucrania disparó el precio del gas natural, materia prima de los fertilizantes agrícolas,
Finalmente, el régimen chino, con el objetivo de disminuir sus índices de contaminación, decretó un embargo energético a muchas de sus industrias, magnificando la crisis de suplencia de agroquímicos.
Todo lo anterior sucedió en medio de la destrucción de las cadenas globales de valor, y dislocación de las de transporte marítimo internacionales, derivadas de la pandemia.
En el mediano plazo, serán superados los trastornos logísticos, y tal vez se ralenticen los precios del petróleo y el gas, y con ellos el factor relacionado de inflación temporal.
Pero los otros aspectos mencionados causarán un aumento de costos y precios permanente, con afectación a nivel mundial.
El capital de trabajo de los exportadores agropecuarios sufrirá, aunque deberían mantener competitividad relativa con otros países competidores. Con la penosa excepción de los productos que están sufriendo, como el banano, por distorsiones de acceso a mercados en Rusia y Ucrania.
Costa Rica va rumbo a una tormenta perfecta que golpeará la producción agropecuaria y agroindustrial, ya sea su destino local o internacional: disponibilidad restringida y precios crecientes en insumos, fertilizantes, alimento animal, transportes y serias deficiencias logísticas.
La seguridad alimentaria no solo es tener comida, si no poder pagarla. Según el ingreso per cápita de cada país, un porcentaje variable del ingreso neto familiar se dedica a comprar alimentos.
En Costa Rica ese promedio ronda el 40%, lo que implica que familias de altos ingresos dedican un 10%, pero aquellos dentro del 25% de pobreza comprometen hasta un 80%. A estos grupos los aumentos inflacionarios de los alimentos los afectará en forma significativa.
Estamos enfrentando una pandemia mundial alimentaria y de seguridad nutricional. Los precios de la comida importada nos golpearán más fuerte y rápido que los producidos localmente.
La razón es que el incremento internacional de precios de los insumos, necesarios para la producción agropecuaria de Costa Rica, impactan parcialmente, pues dentro de los costos totales de los cultivos primarios, entre 50 a 72%, corresponde a valor agregado nacional, el cual queda en nuestro país desbordando beneficios económicos, sociales, laborales y ambientales en muchas comunidades.
Los tratados de libre comercio establecen los aranceles que se cobran -a nivel de aduana- a alimentos importados para defender nuestras producciones agrícolas y pecuarias que incluyen canasta básica, parte fundamental del balance para el desarrollo equilibrado del país y el soporte a la movilidad social, en los sectores laborales rurales donde el desempleo es mayor y la escolaridad menor.
Estos aranceles se negocian como escudo a una actividad que aporta altísimo valor agregado, y seguridad alimentaria en tiempos de crisis, y para resguardar al consumidor, protegiéndolo de los especuladores, que compran a precios de remate excedentes temporales de otros países, muchas veces subsidiados, evitando la rápida destrucción de nuestra capacidad productiva, construida a lo largo de muchas décadas.
Algunos agentes económicos y economistas con intereses importadores particulares, desdeñan estas llamadas barreras arancelarias (al igual que las fito y zoo sanitarias), irónicamente culpándolas del alto costo de la vida.
La exención de impuestos de renta al Régimen de Zona Franca, similar escudo impositivo a los aranceles agropecuarios y factor clave de su crecimiento, está permitiendo que este sector llegue a aportar hoy más de un 10% a la economía del país, junto al valioso encadenamiento con empresas locales.
Mientras el sector agrícola sigue defendiéndose del acoso institucional, ambiental y regulatorio constante al que está sometido, el régimen de zona franca tiene cuatro locomotoras que lo potencian: Comex, Procomer, CINDE y los bufetes especializados que trabajan como facilitadores, frente a la maquinaria “traumatológica” burocrática, lo cual le permite captar la mayoría de la inversión extranjera directa.
Vale recordar que el sector agro-industrial costarricense es una pieza fundamental de la democracia económica, representada por miles de agricultores y pequeños propietarios; y es un 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Si optamos por importar en vez de producir el 80-90% de lo que comemos no estaremos preparados para la próxima crisis global. Si se agravan las consecuencias de la guerra en Ucrania, o sobreviene otra pandemia , podría causar que países exportadores decidan priorizar su abastecimiento alimentario interno desatándonos graves consecuencias sociales.
—
