La propuesta del gobierno de reducir en 1%, en diez años, el aporte del estado al régimen de pensiones del magisterio, podría generar perdidas en las reservas por ¢153 mil millones, y afectar a 106 mil afiliados.
Así lo explicaron representantes de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), encargados de administrar el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio (RCC).
Esa iniciativa la propuso la oficialista Pilar Cisneros, y señala que “todos los funcionarios -sin excepción- cotizarán el 8% del salario devengado, y sus patronos -públicos o privados- el 5,75%”.
Para el director de pensiones de Jupema, José Antonio Segura, lo que debería proponerse es fortalecer el régimen, y no desequilibrarlo; “este proyecto” -dijo Segura- “tiene simplemente una imposición fiscalista”.
Agregó que debe de haber equidad en el proyecto, puesto que este da un plazo de 10 años para la reducción del aporte estatal, y en el caso de las pensiones del Poder Judicial, el lapso es de 35 años.
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