El INS invirtió ¢132 millones en la atención médica a los sobrevivientes del accidente en Cambronero; aún hay 18 personas lesionadas, y pagó ¢50 millones a las familias de las nueve víctimas de esa tragedia, ocurrida en setiembre.
Esos montos corresponden a servicios de salud, “prestaciones económicas de incapacidades, traslados, viáticos, indemnizaciones a familiares y gastos funerarios”, explicó ante la Comisión de Infraestructura, la presidenta del INS, Mónica Araya.
Los congresistas de la Comisión criticaron los límites impuestos por el INS, para acceder a información más amplia, sobre las pólizas suscritas por la empresa autobusera, así como los montos de las coberturas que protegían a los pasajeros.
El legislador Francisco Nicolás (PLN) lamentó “esa tesis, la cual vamos a recurrir judicialmente o contenciosamente porque es un escudo que utilizan, bajo el mando de Doña Mónica, para no dar información de ningún tipo, ni siquiera tratados comerciales o créditos”.
De igual manera, el parlamentario Antonio Ortega (FA) preguntó a los funcionarios del INS sobre las responsabilidades del organismo asegurador, la compañía autobusera y el Consejo de Transporte Público (CTP), en cuanto al tope económico del seguro obligatorio.
El abogado del INS, Osvaldo Vega, indicó que al respecto fue aplicada la legislación vigente, “conforme a las previsiones” establecidas.
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