El Gobierno afirmó que la “Ruta del Arroz” mejoraría la productividad, y generaría desarrollo socioeconómico en las regiones donde se cultiva ese grano.
Algunas organizaciones, como la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), que representan a los productores, alegan que si rebajan los aranceles a la importación el sector podría desaparecer, por falta de protección.
Para el economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional, al dejar de producir arroz para consumo interno y la concentración del “procesamiento de la granza esté en dos o tres grandes arroceras” los consumidores dependerán del “vaivén” del mercado mundial.
Esa afirmación la rebate la Ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Bonilla, porque el Consejo Nacional de la Producción (CNP) comprará la cosecha a los productores, a quienes la industria no pudo atender.
La jerarca agrícola aseguró que la “Ruta del Arroz”,contempla acciones de acompañamiento económico y técnico, tanto quienes decidan permanecer en la actividad arrocera, o bien quieran dedicarse a otras actividades.
Bonillla agregó que el plan de capacitación hacia los arroceros, tendrá una inversión de ¢500 millones; incluirá el uso de semillas certificadas y utilización eficiente del agua en diferentes épocas de siembra.
Además, el empleo de fertilizantes y plaguicidas mediante la agricultura de precisión, y producción de bioinsumos para ser sostenibles.
“Estamos generando líneas de crédito por parte del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD,) adecuadas a las actividades propuestas en cuanto a períodos de gracia, tasas de interés y plazos.” explicó Bonilla.
También -amplió la funcionaria- “exploramos nuevos mercados y actividades con PROCOMER, así como alianzas estratégicas con agroindustrias para la colocación de nuevos productos y encadenamientos productivos que potencien el valor agregado de estas nuevas alternativas”.
Entre esas alternativas productivas figuran la palma aceitera, el cáñamo, la ganadería, el abacá, el henolaje y las raíces tropicales.
El Gobierno presentó un proyecto de Ley, que otorgaría fondos económicos para productores con menos de 100 hectáreas, y cuenten con al menos tres períodos arroceros consecutivos en la actividad.
Esas compensación rondaría los ¢2.800 millones, para distribuir entre 490 productores, quienes podrían calificar para dicho apoyo.
“Así que no estamos dejando solo al sector, y no estamos evadiendo la responsabilidad de acompañarles en este proceso de transformación responsable y sostenible, que estamos procurando desde el Poder Ejecutivo”, concluyó Bonilla.
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