La urgencia de aprobar, antes del 7 de junio, una ley que impediría la liberación de 10 cabecillas del narcotráfico, la presión del Congreso y de la fiscalía, obligaron al gobierno a convocar -de nuevo- la Ley contra el Crimen Organizado.
El Presidente Rodrigo Chaves, su ministra Natalia Díaz y la diputada oficialista, Pilar Cisneros, aceptaron enviar este jueves al Parlamento el proyecto 23.090, que -entre otras cosas- ampliaría los plazos de prisión preventiva.
Desde el lunes los legisladores -y el poder judicial- mantenían una pugna con el poder ejecutivo, por cuanto este decidió retirar de la agenda legislativa el proyecto de marras, para que analizaran con más tiempo el de jornadas extraordinarias.
Ambas iniciativas serán discutidas mediante el trámite abreviado, que establece un plazo para discutir las mociones y dudas de los legisladores, de manera que puedan ser sometidos a los dos debates de rigor en el plenario.
Este jueves el presidente del Congreso, Rodrigo Arias; el de la Corte, Orlando Aguirre, el fiscal Carlo Díaz y la presidenta de la comisión de seguridad, Gloria Navas, sostuvieron una reunión para plantear una propuesta al gobierno.
“Es una situación de urgencia a todo el país y a todos los poderes, es un problema nacional” -dijo Arias- y la fecha límite para aprobar la ley contra el crimen organizado, es el 7 de junio, enfatizó el presidente parlamentario.
La propuesta consiste en convocar el expediente 23.090 y conocerlo -de lunes a jueves- de 8:00 a 9:30 de la mañana; después analizarían el de las jornadas flexibles, y este sería convocado el 22 de mayo, para su discusión final.
Tanto Chaves, como Díaz, aceptaron el arreglo y Cisneros anunció que convocaría el proyecto de ley contra el crimen organizado.
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