Las dudas sobre la legalidad del incremento salarial, del 98 por ciento, de ministros y viceministros motivó una consulta del fracción del Frente Amplio, a la Contraloría General de la República, sobre la validez de dicho aumento.
Una acción similar tomó la presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Paulina Ramírez (PLN), pero dirigida a la Procuraduría General la República.
La consulta gira en torno a verificar si el decreto presidencial que eleva los salarios base, en el Poder Ejecutivo, podría contravenir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y carece de estudios técnicos que sustenten el reajuste.
“Cuando la deuda del gobierno central supera el 60 por ciento del PIB, no se pueden otorgar aumentos por costo de vida, sobre los salarios bases y otros incentivos” explicó Jonathan Acuña, jefe de los frenteamplistas.
La legisladora Ramírez preguntó a la Procuraduría “si las actuaciones del señor presidente se apegan a la ley.”
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