Con el objetivo de tener mejores condiciones para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, los diputados de la comisión de seguridad y narcotráfico solicitaron al gobierno de Rodrigo Chaves que libere unos ¢2 mil millones para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tenga un nuevo edificio.
En los últimos días, Randall Zúñiga, director del OIJ, y Nogui Acosta, ministro de Hacienda, han compartido recriminaciones mutuas por el supuesto recorte.
Para Hacienda, se trata de dinero que no se invirtió y, por lo tanto, debe ser administrado por el gobierno.
Para los legisladores, basta con la buena voluntad de las autoridades del Ministerio de Hacienda para presentar a la corriente legislativa a la brevedad un presupuesto extraordinario que contenga los recursos para el OIJ.
En estos momentos, el OIJ gasta alrededor de ¢1.600 millones al año en alquileres. La idea es cortar ese gasto y así, ese dinero se pueda invertir en la lucha contra los antisociales.
“La idea es que el Estado no tenga que gastar en estas cosas, sino que se convierta en una herramienta que mejora la operatividad de la policía judicial, como por ejemplo albergar documentación que se utiliza para la construcción de casos, espacios para entrenamiento policial, espacios de trabajo, mejoramiento de la capacidad operativa, espacio para el arsenal y equipo táctico; todo eso influye para que el OIJ optimice sus actividades en la lucha contra la delincuencia organizada”, afirmó el congresista Gilberto Campos, del Partido Liberal.
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