Legisladores del PLN, Frente Amplio y la Unidad, presentaron este miércoles a la Sala IV una consulta de legalidad sobre la Ley Jaguar para el desarrollo nacional que propuso el presidente Chaves.
De esta manera, el Congreso tomaría una decisión sobre el referéndum, hasta conocer la opinión de los magistrados.
Como parte de la consulta, los legisladores pretenden que el máximo tribunal determine si la ley de referéndum “desmantela” las funciones de fiscalización de la Contraloría, tal y como lo manifestó su jerarca Marta Acosta.
“Este miércoles presentamos esta consulta ante la Sala Constitucional porque tenemos serias dudas respecto a este proyecto que el Gobierno quiere llevar a referendo. Este proyecto de ley plantea cambios que eliminan los controles y disminuyen la transparencia en la contratación pública. No podemos dejarle la puerta abierta a la corrupción sea cual sea la administración vigente”, dijo Óscar Izquierdo, jefe del PLN.
Este martes, la bancada del Partido Liberal Progresista anunció también una consulta a la Sala IV sobre este tema, la cual es diferente a la planteada por el grupo que comanda el PLN.
La Ley Jaguar o referéndum para el Desarrollo Nacional se trata de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General de la República, además de una modificación a la ley de contratación administrativa para permitir el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
Para convocar la consulta, el presidente Chaves requiere del apoyo de 29 legisladores o bien obtener la firma del 5% del padrón electoral.
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