La ampliación de las escuchas telefónicas en cuanto a plazo y nuevos delitos, nuevas reglas para la naturalización y extradición de personas condenadas por delitos graves, y un proyecto sobre capitales emergentes que permitiría al Estado disponer de bienes que las personas no puedan justificar, serán los primeros tres proyectos de la agenda de seguridad que aprobarían los diputados.
Los diputados, el gobierno y el Poder Judicial definieron esta semana el orden de conocimiento de las iniciativas.
El objetivo es contar con una respuesta efectiva del Estado contra la criminalidad y el narcotráfico.
El acuerdo político llega en momentos en que el país sufre una guerra entre bandas locales por territorio y droga.
El año pasado, esta lucha interna generó una cifra récord de 907 homicidios.
Los proyectos citados forman parte de una agenda de 10 iniciativas.
“En principio, hay un aval de las jefaturas de fracción para estos diez proyectos. Estos planes son instrumentos que se le dan al Poder Judicial, al OIJ, a la fiscalía para trabajar mejor y luchar contra el narcotráfico”, dijo Rodrigo Arias, presidente del Congreso.
Nuevas causales de prisión preventiva para incluir delitos como el homicidio y el narcotráfico, así como la prohibición de otorgar el beneficio de casa por cárcel con brazalete electrónico a los integrantes del crimen organizado y los negocios de drogas, son otras de las iniciativas.
