- Difícil situación económica del Estado en años anteriores y regla fiscal explican retroceso.
- Guerra entre pandillas narco haría que el país contabilice más de 800 homicidios en 2023.
En momentos en que el país experimenta un aumento de la violencia entre pandillas narcotraficantes, el número de policías se ha reducido a tal punto, que hoy día Costa Rica cuenta con menos efectivos de seguridad que hace diez años.
Del 2020 a la fecha, se registra una reducción en la cantidad de policías, pasando de 16.730 a 14.598, según datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
De hecho, es una cifra levemente inferior a hace una década, cuando había 14.770 funcionarios.
El déficit fiscal -que es la diferencia entre ingresos y egresos del gobierno- y la regla fiscal que limita el crecimiento del gasto público, explicarían el por qué del retroceso.
Para el año en curso, la mitad del plan de gastos del gobierno central se destina al pago de la deuda y sus intereses, lo que equivale a ¢5,7 billones.
Por otra parte, 17 ministerios tuvieron una rebaja en su presupuesto, incluyendo los ministerios de educación, salud, cancillería, cultura y seguridad, entre otros.
En este último caso, se trata de una disminución mínima de 0,4% en relación con el 2022; sin embargo, se está dando en un contexto peligroso.
Y es que para el 11 de abril, el país contabilizó 242 homicidios y varios días después, hubo 9 asesinatos en cuestión de 24 horas.
Si se compara con el mismo periodo del año pasado, se registra un aumento del 38% para esta estadística criminal, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Sin embargo, la mala noticia es que la guerra entre pandillas narco haría que el país contabilice más de 800 homicidios en 2023.
“La proyección es que lleguemos a 800 asesinatos como mínimo si no aplicamos medidas urgentes, sin embargo, no podemos descartar que haya hasta 900 casos”, dijo Carlo Díaz, fiscal general, en días pasados.
Como parte de las respuestas para enfrentar la criminalidad, el presidente Rodrigo Chaves firmó a mediados de marzo un decreto que prohíbe otorgar beneficios carcelarios a los privados de libertad condenados por narcotráfico, delitos sexuales y homicidios hasta que cumplan al menos la mitad de la sentencia.
Asimismo, anunció una serie de proyectos que enviará al Congreso.
“No podemos dar beneficios a los antisociales sin que se reinserten adecuadamente a la sociedad, creo en los derechos de todos los seres humanos, pero tenemos que cuidar los derechos humanos de las personas de bien.
Firmamos un decreto, para que los delincuentes por delitos sexuales, narcotráfico y homicidios no puedan optar por beneficios carcelarios, hasta cumplir con la mitad de la pena, es decir, que si tienen 12 años de cárcel, sepan que se van a chupar al menos seis años”, dijo Chaves a mediados de marzo.
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