Un allanamiento en 18 sitios para desmantelar una supuesta red de corrupción con el pago anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), fue desmantelada este lunes por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y varias oficinas del Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular (BP), fueron allanadas por las autoridades judiciales en busca de pruebas, además de casas de habitación.
Las autoridades investigan a un hombre que indicó que tenía “un contacto” en el banco Popular para agilizar la entrega del ROP, a la vez que las autoridades recibieron información acerca del posible retiro de ese beneficio de forma anticipada y con una certificación emitida por la CCSS.
“Tras las investigaciones realizadas por el banco y por el OIJ, se detectó que, entre octubre del 2019 y el 08 de setiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, la mayoría vinculados al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas, las cuales indicaban que esas personas contaban con pensión por invalidez. En apariencia, con dicho documento, las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del BP el retiro del ROP, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez, dinero que les fue entregado”, dijo la fiscalía.
Durante los allanamientos, la Fiscalía ordenó detener a ocho personas por estos hechos.
Los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso, son los delitos que investigan las autoridades.
El ROP es una pensión complementaria que todos los trabajadores cotizan y que se entrega al término de la vida laboral.
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