Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
Imagen tomada de internet
El Gobierno de Estados Unidos acusó a funcionarios mexicanos, incluido un gobernador, por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa; la acusación fue presentada por el Departamento de Justicia y la DEA como parte de investigaciones contra el crimen organizado.
Entre los señalados figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, junto a un senador oficialista y otros funcionarios públicos.
Las autoridades estadounidenses investigan una supuesta red de colaboración con el cartel fundado por Joaquín Guzmán e Ismael Zambada.
Según el expediente, los implicados habrían facilitado operaciones de narcotráfico a cambio de apoyo político y beneficios económicos.
La investigación apunta a la introducción de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo cocaína, heroína y fentanilo.
Washington solicitó la captura y extradición de los acusados, aunque México indicó que aún no ha recibido pruebas suficientes.
El caso genera presión sobre el Gobierno mexicano, que deberá responder ante señalamientos de presunta narcopolítica en altos cargos.
La situación ocurre en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países por temas de seguridad y presencia de agencias extranjeras.
Este proceso representa uno de los mayores golpes contra funcionarios mexicanos desde investigaciones previas por vínculos con narcotráfico.
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